Áreas de práctica
Contamos con un alto grado de especialización en Derecho de la Competencia, lo que nos permite prestar de manera integral todos los servicios legales relacionados con esta área del derecho a todo tipo de empresas, tanto multinacionales como PYMES, con la garantía del máximo rigor, efectividad y rapidez en el asesoramiento.
Nuestro principal objetivo es acompañar a nuestros clientes en todas las fases y eventualidades que se les puedan presentar relacionadas con esta área del derecho:
Diseño e implementación de programas corporativos de cumplimiento normativo, prevención y formación en materia de Derecho de la Competencia y otras áreas del derecho.
Defensa en expedientes sancionadores por conductas infractoras (acuerdos prohibidos, intercambios de información sensible, abuso de posición de dominio, cárteles, etc.) incluyendo inspecciones, defensa en vía administrativa, contenciosa y ante el TJUE.
Asesoramiento en la redacción de contratos para reducir los riesgos de incurrir en conductas infractoras.
Análisis de operaciones de concentraciones económicas y notificación a las autoridades de la competencia.
Asesoramiento en reclamaciones de daños derivados de conductas infractoras del Derecho de la Competencia.
Preparación de solicitudes de exención de multa para participantes en un cártel (programa de clemencia).
Somos referentes por nuestra especialización en el sector energético, habiendo contribuido activamente a la liberalización del sector de hidrocarburos en España. Durante años, hemos asesorado a las Estaciones de Servicio para detectar contratos inválidos y reclamar su derecho a indemnización por parte de Repsol y Cepsa.
Más InformaciónEl Derecho de la Competencia ha llegado para quedarse.
La CNMC vela por el buen funcionamiento de todos los mercados para que las empresas compitan entre sí de manera libre y en condiciones de igualdad, todo ello en interés de los consumidores y de las empresas. Desde hace algunos años, la CNMC está especialmente activa en la detección e investigación de prácticas anticompetitivas en todo tipo de sectores independientemente del tamaño de las empresas.
A diferencia de otros organismos, la CNMC cuenta con multitud de inspectores y profesionales que se dedican a investigar, perseguir y sancionar conductas infractoras.
Además existe un programa específico (programa de clemencia) que premia a las empresas que han participado en infracciones y denuncian a otras empresas que lo han hecho, lo que ha facilitado e incrementado la actividad investigadora y sancionadora de la CNMC.
El Derecho de la Competencia busca que los operadores compitan en el mercado de manera libre y justa, sin distorsiones que falseen el juego de la competencia. Por eso, persigue los acuerdos o intercambios de información entre competidores que perjudican a sus clientes o proveedores así como las situaciones en las que una empresa aproveche su dominio en un mercado para imponer a sus clientes o proveedores condiciones abusivas o injustas. Vela porque cuando hay fusiones o acuerdos entre empresas para colaborar, siga existiendo competencia y libertad de elección por parte de los clientes. Vela porque lleguen más y mejores ofertas al consumidor final y para que éste pueda elegir entre ellas. Y finalmente, en caso que alguna empresa haya falseado la competencia, permite a los afectados (tanto empresas como consumidores) reclamar los daños que se les ha generado.
Porque las consecuencias de infringir el derecho de la competencia pueden acabar siendo desastrosas para las empresas. Se imponen multas muy altas (hasta el 10 % del volumen de negocio anual de la empresa), se sanciona también a directivos (multas de hasta 60.000 euros), la empresa tiene además que pagar los daños que haya generado su infracción y puede conllevar la prohibición de contratar con las administraciones públicas.
Por otro lado, un buen asesoramiento en este ámbito puede evitar que a una empresa se les impongan condiciones abusivas y/o injustas en sus contratos o ser víctima de prácticas prohibidas que les dificulte competir en el mercado y por tanto, llevar adelante su negocio.
Al existir mucho desconocimiento sobre esta área, resulta bastante habitual que se den este tipo de supuestos, a veces sin que ni siquiera el infractor sea consciente de ello.
Por un lado, la necesidad de evitar las graves consecuencias de ser sancionado, que a veces llega a poner en peligro la propia continuidad de la empresa. Por otro lado, la posibilidad de detectar y denunciar las infracciones de las que una empresa puede ser víctima, lo que le impediría competir en igualdad de condiciones.
Además en junio de 2020 la CNMC publicó una guía sobre cumplimiento normativo en la que apunta a que, de la misma manera que las empresas preparan medidas de prevención en el ámbito penal o de protección de datos, las empresas de todo tamaño y sector deberían tener un programa de cumplimiento sobre derecho de la competencia.
El estar bien asesorado en este ámbito puede evitar graves sanciones y necesidad de pagar altas indemnizaciones, en muchos casos sobre prácticas que la propia empresa desconocía que pudieran estar prohibidas.
Además, un buen asesoramiento puede evitar ser víctimas de prácticas que dificulten a la empresa desarrollar su negocio por pactos anticompetitivos o prácticas abusivas o restrictivas.
Absolutamente no. Si bien los casos más mediáticos suelen ser de grandes empresas, el derecho de la competencia afecta a empresas de todos los sectores y de todos los tamaños. De hecho, la CNMC sanciona a muchas más PYYMES que a grandes empresas. Y la CNMC ha apuntado repetidamente que todo tipo de empresas están sujetas al Derecho de la Competencia y deben realizar acciones de prevención. Como meros ejemplos, la CNMC ha investigado recientemente a empresas de sectores tan variados como pequeños estudios fotográficos que elaboran orlas universitarias, empresas de servicios funerarios, portales de búsqueda de piso por internet, grandes y pequeñas empresas de transporte en autobús, colegios profesionales o clubes deportivos.
Aporta la tranquilidad de saber que se tiene una baja exposición a pagar grandes multas y/o indemnizaciones porque su manera de operar y sus contratos tienen un alto nivel de cumplimento de la normativa sobre competencia.
También se pueden beneficiar de la posibilidad de detectar prácticas prohibidas o condiciones abusivas a las que otros operadores o incluso administraciones públicas les pretendan imponer.
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