La ley de bebés robados

El pasado martes, 20 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado tomar en consideración, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, una Proposición de Ley que facilite la investigación de los casos de bebés robados.

Carlos Castresana, Director del Departamento Penal de Ejaso ETL Global, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ha participado junto a otros juristas en la redacción de la proposición de ley.

La denominada Ley de bebés robados busca garantizar la reparación de las víctimas y su tutela judicial. Todavía queda que los grupos políticos presenten las enmiendas al proyecto, si bien la tramitación de la Proposición de Ley presentada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) conjuntamente con PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PdeCat y Bildu ya ha comenzado.

Esta ley reconoce a las víctimas derecho de acceso a la documentación que les pueda ser de interés, sea de la Administración, de archivos privados, boletines municipales o libros de registro de ingresos, partos y prohijamientos, defunciones, etc.

El Ministerio Fiscal tendrá obligación de actuar de oficio o a instancia de las víctimas. Se ha propuesto la creación de una base de datos estatal de afectados, en la que participarán las asociaciones de víctimas, a cargo de una Fiscalía Especial.

Se creará también un banco de ADN, e incorporar al mismo la información genética de los familiares de los desaparecidos será gratuito. Las exhumaciones para investigar la posible muerte o robo de un bebé serán a cargo del Ministerio de Justicia.

“Esta proposición de ley garantiza el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición a las personas que sufrieron el delito de robo de bebés en un contexto de crímenes contra la humanidad”, señala el texto en su exposición de motivos.

El reglamento que desarrollará la norma regulará las infracciones y las sanciones administrativas que serán impuestas a aquellos que incumplan el deber de facilitar a las víctimas acceso a los registros públicos y privados.

En cuanto al derecho a la reparación, la ley de bebés robados propone que aquellos reconocidos como víctimas, tengan derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su identidad verdadera y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. Del mismo modo, las víctimas serán beneficiarias, con carácter gratuito, de los servicios de mediación profesional para facilitar posibles reencuentros.

Se trata de un primer gran paso ya que este texto es pionero por su relevancia en el ámbito legislativo y sus consecuencias judiciales para investigar estos delitos contra la humanidad y conocer la verdad de los hechos.