25/01/2023
La ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su afectación directa a los sistemas de compliance son, sin duda, dos de los aspectos que más han pasado desapercibidos de las últimas reformas del Código Penal.
Con la entrada en vigor el 12 de enero de 2023 de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, y, el 7 de octubre de 2022, de Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la Ley del “sí es sí” o “sólo sí es sí”, se han ampliado las conductas consideradas delictivas, introduciendo la responsabilidad penal de las empresas respecto de los delitos contra la integridad moral y los delitos de acoso sexual.
Se ha visto, por tanto, aumentado el catálogo de delitos numerus clausus por los que puede ser condenada una empresa, lo que conlleva la obligación de actualización de los sistemas de compliance para su adecuación a la nueva legislación vigente.
Debemos empezar analizando las novedades introducidas tanto por la “Ley del solo sí es sí” como por la Ley Orgánica 14/2022. Si bien es verdad que la primera tiene un mayor impacto en los sistemas de cumplimiento de las empresas, y es que pese a que la Ley Orgánica 14/2022 entró en vigor recientemente su relevancia es menor en los sistemas de cumplimiento normativo, siendo además que, dada la discutible técnica legislativa llevada a cabo por nuestro Legislador, ésta deberá ser corregida.
En el delito de trato degradante previsto en el artículo 173.1 del Código Penal, la “Ley del sólo sí es sí” incluyó un último párrafo que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Textualmente dice:
“Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres párrafos anteriores, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.
De esta forma, desde el pasado 7 de octubre de 2022, las empresas son susceptibles de ser condenadas a una pena de multa de seis meses a dos años, cuando algún miembro/empleado/socio de su organización, actuando en el ámbito de la misma o de cualquier relación laboral, infrinja a otra persona “un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral” o que, sin llegar a ser un trato degradante, “realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que supongan un grave acoso”.
Pues bien, pese a lo dicho justo en el párrafo anterior, lo cierto es que una interpretación literal de la actual redacción del artículo 173.1 excluye la responsabilidad penal de las empresas del delito si se inflige a una persona “un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral”.
Y esto es así porque la Ley Orgánica 14/2022 introduce un nuevo párrafo en el artículo 173.1 y tipifica como un nuevo delito, la ocultación reiterada de información sobre el paradero de un cadáver. Dicho delito ha sido incluido como un nuevo segundo párrafo del artículo 173.1, y se ha hecho sin haber modificado la redacción del último párrafo -aquel que establece la responsabilidad penal de la personas jurídicas-. Así pues, como decimos, según la redacción actual “los tres párrafos anteriores” no abarcan la conducta de infligir un trato degradante.
Aunque no es difícil interpretar la verdadera intención del Legislador, lo cierto es que como consecuencia de la técnica legislativa deberá modificarse la redacción del último párrafo para dar cumplimiento y cobertura a su verdadera voluntad.
En cuanto al resto de novedades, en lo que se refiere al delito de acoso sexual, la “Ley del sólo sí es sí” introduce la responsabilidad de las personas jurídicas mediante su inclusión en el artículo 184.5 del Código Penal. Así, las empresas podrán ser condenadas a una pena de seis meses a dos años, cuando un miembro de la misma “solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”.
Asimismo, en lo que se afecta directamente a la responsabilidad de las personas jurídicas la “Ley del sí es sí” ha introducido dos variaciones respecto de delitos ya existentes. Así, por un lado, ha reformado la pena para las personas jurídicas en los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. Y también ha tipificado una nueva conducta en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
En concreto, en los los delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores ha modificado el artículo 189 ter del Código Penal imponiendo la pena de disolución, que pierde el carácter potestativo que tenía hasta el momento.
Y en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos se ha incluido una nueva conducta en el artículo 197 del Código Penal, en el que se añade y tipifica el reenvío, revelación o cesión de imágenes o grabaciones audiovisuales de carácter íntimo, sin el consentimiento de la persona afectada.
Así pues, con el vigente Código Penal aquellas empresas que ya dispongan Compliance deberán ajustarlo para adecuarse a la nueva regulación vigente. Mientras que aquellas personas jurídicas que, a día de hoy, carezcan de un Plan de Cumplimiento Normativo asumen un riesgo cada vez mayor de condena en un procedimiento penal, pues cada vez que tiene ocasión el legislador amplía el catálogo de conductas delictivas. Sin olvidar, para unas y otras, que cada día es más habitual la exigencia de un compliance actualizado a la hora de contratar en muchos sectores y mercados privados, así como con las Administraciones Públicas.
Como despacho profesional orientado a prestar los mejores servicios profesionales a las empresas EJASO ETL GLOBAL, desde su área de Compliance, está en disposición de ofrecer el asesoramiento necesario para adaptar el compliance a la nueva normativa vigente y mitigar el riesgo penal de la empresa.
Desde el 12 de enero de 2023, el Catálogo de Delitos por el que pueden responder penalmente las personas jurídicas, queda configurado de la siguiente manera:
Autores:
Socio. Procesal Penal
España & Portugal
