El prepack concursal: nuevo mecanismo para salvar empresas en crisis

Apenas un mes después desde que se hiciera público el acuerdo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona en el que se fijan las directrices para la tramitación de los prepacks concursales, se dicta un auto que adopta la medida cautelar solicitada por el deudor en el marco del preconcurso, consistente en la designación de un experto independiente encargado de supervisar el proceso de venta de una unidad productiva.

Nos estamos refiriendo al Auto del Juzgado de lo Mercantil N.º 2 de Málaga de 15 de febrero de 2021. La sociedad deudora, tras comunicar al Juzgado la apertura de negociaciones con sus acreedores, solicita, conforme a lo previsto en el artículo 18 TRCL, el nombramiento de un administrador “preconcursal” que supervise las operaciones de preparación de venta de una unidad productiva, para evitar el cierre definitivo del negocio, la pérdida de valor de activos y la desaparición de puestos de trabajo.

A lo largo de los años, la práctica concursal ha demostrado que los procesos de venta de unidades productivas en el marco del concurso son procedimientos lentos y condicionados por los plazos procesales que, lejos de favorecer la continuidad de las ramas de negocio del deudor económicamente viables, conducen a una devaluación de activos y a la pérdida de empleos.

Precisamente estos inconvenientes son los que se quieren evitar con el mecanismo del prepack, anticipando la preparación de un procedimiento público, transparente y concurrencial de venta de una unidad productiva, mediante la designación de un administrador interino que se encargará de asistir al deudor y de supervisar que el proceso de “preempaquetado” se realiza conforme a dichos criterios y en garantía de los acreedores del deudor.

Aunque este mecanismo no se encuentra regulado en nuestra normativa concursal, tanto los jueces de Barcelona, como la jueza malagueña, consideran que la figura del prepack es acorde al espíritu y finalidad de la Directiva 2019/1023 de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, cuyo objetivo principal es que los Estados Miembros establezcan mecanismos de alerta temprana para incentivar que los deudores que empiezan a sufrir dificultades financieras tomen medidas a tiempo para evitar la insolvencia o, en caso de que la empresa haya quedado definitivamente deteriorada, procurar un procedimiento de liquidación ordenado y eficaz. 

El Auto al que nos referimos se hace eco de las directrices previstas en el Protocolo Prepack y recoge los presupuestos que deben concurrir para la válida adopción de la medida cautelar: (i) que el deudor se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente; (ii) que la viabilidad empresarial no sea posible mediante una reestructuración o negociación con los acreedores; (iii) que el Juez competente para conocer del concurso designe un experto independiente; (iv) que, una vez finalizado el proceso, el experto emita un informe dejando constancia de que el procedimiento se ha llevado a cabo de conformidad con los criterios de publicidad, igualdad y transparencia, y que la información facilitada a los acreedores y trabajadores es efectiva para garantizar que la venta de la unidad productiva en el escenario liquidatario previsto en el artículo 530 TRLC se pueda autorizar en el plazo más breve posible.

Como vemos, el fin último del mecanismo del prepack es garantizar la supervivencia de partes del negocio del futuro concursado, anticipando la preparación del proceso de venta de unidades productivas.

Ante el escenario de crisis económica que se nos presenta como consecuencia de la pandemia, y la previsible avalancha de concursos, resulta imprescindible contar con mecanismos como el del prepack concursal que logrará la supervivencia de unidades productivas económicamente viables y, con ello, el mantenimiento de puestos de trabajo.