Unidad especializada
Esta es una realidad que no puede cuestionarse. Las empresas y las Administraciones públicas se han visto en la necesidad de avanzar hacia la digitalización, incorporando las nuevas tecnologías en su actividad cotidiana sin conocer, en ocasiones, con la necesaria certeza la forma en la que deben garantizarse en todo este proceso el respeto de los derechos fundamentales inherentes a todas las personas, cada vez más expuestos.
Por ello, el asesoramiento preventivo basado en un conocimiento profundo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de nuestro Tribunal Constitucional, que esté en constante actualización, se convierte en un recurso ya no útil, sino necesario, imprescindible. Por lo demás, la legislación sobre derechos y digitalización, a veces tardía, es cada vez mas abundante, procedente de distintos ámbitos de normación.
La tutela de los derechos fundamentales entraña una complejidad especial por su marcada transversalidad. Las empresas y Administraciones se encuentran en su actividad cotidiana con la necesidad jurídica, pero también ética, de respetar los derechos fundamentales en múltiples áreas.
Las empresas tienen derechos fundamentales, pero no respetar los derechos fundamentales de los demás puede dar lugar a litigios complejos, además de conllevar un significativo coste reputacional. Los ejemplos que permiten visibilizar esa transversalidad son conocidos: la protección de datos personales, el uso de cámaras de videovigilancia con finalidades de control del trabajo y disciplinarias, el establecimiento por las empresas de canales internos de denuncias, los protocolos frente al acoso y la violencia, los planes de igualdad, la prohibición de discriminaciones, el uso de algoritmos y de la inteligencia artificial en los procesos de toma de decisiones y en su gestión…
En la actualidad, el cumplimiento normativo (compliance) es ya uno de los propósitos principales de cualquier organización, pero los tiempos actuales requieren de un paso más en las inquietudes de las empresas y de las Administraciones para avanzar en el respeto de los derechos fundamentales.
La realidad en permanente transformación que marcan los avances tecnológicos va por delante del legislador, por ello, las líneas rojas que no deben traspasarse no son claras. Tanto es así que, en la actualidad, además de analizarse con exhaustividad los rasgos específicos del comportamiento en la nueva realidad digital de los derechos fundamentales concebidos para un mundo analógico, tratan de reconocerse nuevos derechos como los “neuroderechos”, que aluden a los límites éticos y jurídicos que deben adoptarse para proteger la privacidad mental ante el desarrollo de la ciencia.
Solo con la adecuada especialización en la materia se puede prestar un asesoramiento jurídico de primer nivel, eficaz y no meramente formal, pensado como recurso necesario tanto para garantizar el respeto de los derechos fundamentales como, en su caso, para su defensa por los trámites establecidos. Este es el asesoramiento que ofrece la unidad de Derechos Fundamentales y Derecho de la Unión Europea de Ejaso, dirigida por María Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Magistrada y Ex Presidenta del Tribunal Constitucional.
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