Revolución en las demandas colectivas | Expansión

Revolución en las demandas colectivas | Expansión
El proyecto de reforma del Gobierno propone cambios significativos en las acciones colectivas y los fraudes masivos, divergiendo del sistema mayoritariamente adoptado en otros países europeos. La reforma dificultará litigar de manera individual en casos de fraudes masivos, obligando a los afectados a manifestar su voluntad de no participar en el proceso colectivo dentro de plazos establecidos por el juez en cada caso. De no hacerlo, perderán la posibilidad de hacer valer sus derechos individualmente en casos con numerosos afectados. Este cambio se fundamenta en la Directiva 2020/1828 de la Unión Europea para la protección de los consumidores.

El modelo propuesto, denominadosistema opt-out, implica que los resultados de las acciones colectivas se aplicarán a todos los consumidores afectados a menos que manifiesten expresamente su deseo de desvincularse del proceso. Esto contrasta con el sistema opt-in, preferido por la mayoría de países, que requiere la voluntad expresa previa de los consumidores para quedar vinculados al proceso colectivo.

Además, la reforma promueve métodos alternativos de solución de controversias (MASC)y establece reglas específicas para incentivar acuerdos extrajudiciales antes de presentar demandas civiles y mercantiles. La legitimación activa de las acciones colectivas corresponderá a asociaciones registradas, el Ministerio Fiscal, entidades autonómicas y locales, entre otros.

Una novedad relevante es la figura del liquidador independiente, encargado de distribuir el importe fijado en la sentencia a los consumidores afectados. El objetivo principal es centralizar las demandas contra fraudes masivos en acciones colectivas promovidas por asociaciones de consumidores, facilitando la publicidad de estas acciones y agilizando los procedimientos judiciales.

Cristina Abilleira, Asociada Principal del Área Mercantil de EJASO, opina que la norma "pretende dar publicidad entre los consumidores a estas acciones, tanto mediante la creación de un registro electrónico, de acceso público, de las demandas donde se ejercitan este tipo de acciones, como de las webs de las propias asociaciones de consumidores". Además, destaca que busca agilizar el procedimiento judicial, recurriendo al juicio verbal y a la imposición de multas por el retraso en la ejecución de sentencia, todo lo cual, a priori, va en pro de los consumidores.

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Autores

Cristina Abilleira Pascual
Madrid

Cristina Abilleira Pascual

Asociada Principal

  • Mercantil y Societario
  • Protección de datos y privacidad
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