26/04/2018
Tras presentarse por EJASO-ETL GLOBAL una denuncia a raíz de la actual configuración del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), la Comisión Europea, previa intervención del Defensor del Pueblo de la Unión Europea, ha iniciado un procedimiento formal de infracción frente al Estado español (EU Pilot EU/ACC/16/8584).
En la actualidad, una vez derogado el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos en el año 2012, el IEH cuenta con un tipo de gravamen autonómico que genera relevantes disparidades en la tributación de los combustibles en el territorio nacional, lo que contraviene claramente el artículo 5 de la Directiva 2003/96/CE, relativa a la imposición de productos energéticos y de la electricidad.
En su reciente contestación a la denuncia de referencia, la Comisión Europea manifiesta que las autoridades españolas le han comunicado que, con el fin de adecuar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos a la mencionada Directiva de fiscalidad energética, se ha incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2018, una modificación del artículo 50 de la Ley 38/1998, reguladora de los impuestos especiales, encaminada a la eliminación del tipo de gravamen autonómico. De aprobarse dicho proyecto de Ley, lo que no está asegurado dada la actual coyuntura política, se eliminarían las mencionadas diferencias impositivas entre Comunidades Autónomas.
Como cabe observar, este proyecto de Ley implica un reconocimiento explícito, por parte del Estado español, de que la actual configuración del IEH vulnera el artículo 5 de la Directiva 2003/96/CE, avalando las actuaciones legales realizadas por EJASO-ETL GLOBAL hasta la fecha, con el fin de obtener la devolución de las cuotas de dicho impuesto indebidamente ingresadas desde enero de 2013.
No obstante, ante la incierta aprobación de la Ley de Presupuestos para el año 2018 y el evidente perjuicio que se ha provocado a los sujetos que han soportado indebidamente el IEH durante los últimos cinco años, EJASO-ETL GLOBAL ha conminado a la Comisión a que remita el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, permitiendo a los contribuyentes obtener una temprana respuesta de la Justicia ante lo que, a todas luces, constituye un nuevo incumplimiento, por parte del Estado español, de las normas comunitarias en materia de impuestos especiales.
