08/01/2019
Hasta la adopción del Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, las acciones de reclamación de daños extracontractuales por infracciones de Competencia prescribían en el corto plazo de un año (ex artículos 1.902 y 1.968 CC). Con el citado Reglamento el plazo de prescripción para ejercitar dicha acción indemnizatoria por daños se amplía a 5 años.
El dies a quo ha ido variando a lo largo del tiempo en función de la legislación vigente en cada momento. Así, en un primer momento y bajo la vigencia de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, para ejercitar una acción de daños se exigía disponer de una sentencia firme que reconociese la existencia de la infracción recogida en la correspondiente Resolución administrativa. Esta exigencia tenía dos consecuencias: i) La prescripción no comenzaba a operar sin una sentencia firme que confirmara la resolución administrativa; y ii) únicamente se podían ejercitar acciones del tipo Follow-On (Acciones donde la Resolución de la Autoridad de Competencia es el único sustento fáctico que se utiliza para acreditar la existencia de la infracción).
Este requisito desaparece con la entrada en vigor de la actual Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, hito que supone el nacimiento de las acciones Stand Alone en España (Acciones de reclamación de daños no sustentadas en una Resolución administrativa previa). Desde este momento, el dies a quo para las acciones de daños comienza desde que la infracción hubiera cesado y el perjudicado tenga conocimiento o haya podio tener conocimiento de i) que la conducta constituye una infracción de competencia; ii) el perjuicio ocasionado y iii) la identidad del infractor.
La jurisprudencia viene entendiendo que, en las acciones Follow-On, ese momento se corresponde con la publicación de la Resolución administrativa. Esta interpretación tiene consecuencias colaterales, obligando al perjudicado a ejercitar las acciones Follow-On de manera anticipada, esto es, antes de que la Resolución administrativa adquiera firmeza o a interrumpir la prescripción hasta que llegue ese momento.
En definitiva, desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2017, el actual artículo 74 de la Ley de Defensa de la Competencia establece un plazo de prescripción de cinco años para el ejercicio de acciones derivadas de infracciones de competencia. Se introduce de esta manera una excepción a la norma general de un año aplicable a las acciones de responsabilidad extracontractual, equiparándose el plazo para reclamar daños por ilícitos en Derecho de la Competencia al previsto en el artículo 1964.2 del Código Civil para el ejercicio de acciones por responsabilidad contractual.
Sin duda una buena noticia para todos afectados por las diferentes prácticas restrictivas en Derecho de la Competencia.
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